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domingo, noviembre 10, 2024
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Comité Penitenciario para prevenir situaciones que atenten contra la integridad de funcionarios del INPEC

El pasado 12 de febrero, el Gobierno Nacional tomó la decisión de declarar la emergencia carcelaria en todos los centros de reclusión de Colombia. Esta medida se adoptó en respuesta a una serie de hechos violentos, incluyendo homicidios, atentados y amenazas dirigidas al personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en diversas prisiones del país. Atendiendo esta solicitud, este lunes, la Secretaría de Gobierno Departamental desarrolló un nuevo Comité virtual Penitenciario y Carcelario.

En este encuentro participaron representantes de la fuerza pública, la Procuraduría, los secretarios de Gobierno de los municipios que tienen prisiones y los directores de los centros penitenciarios del departamento. El principal objetivo fue garantizar la protección de la vida y la integridad de los guardianes, así como atacar los casos de extorsión presentes en las cárceles.

El secretario de Gobierno, Jorge Andrés Gómez Escudero, destacó que -a pesar de la situación de crisis en el país- se pudo observar una sensación de calma en los centros penitenciarios de la región gracias al acompañamiento de la Policía Regional y el Batallón Batalla de Ayacucho N°22. Sin embargo, mencionó que se identificaron casos aislados en prisiones como La Dorada y Riosucio, donde se recibieron panfletos con amenazas hacia los funcionarios, los cuales serán objeto de análisis.

Además, se plantearon solicitudes de equipos de comunicación, que serán evaluadas por la Administración Departamental.

Desde la Secretaría de Gobierno de Caldas se subraya la importancia de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional como respuesta a la crisis carcelaria. Entre estas se incluyen la restricción de visitas y comunicaciones, los traslados y operativos en celdas de líderes de bandas criminales, así como allanamientos y requisas sorpresivas, todo ello sin vulnerar los derechos de los reclusos.

«La participación de la sociedad civil es fundamental para encontrar soluciones duraderas a la crisis carcelaria. Solo mediante el trabajo conjunto de todos los sectores podremos construir un sistema carcelario más justo y humano. La sociedad civil puede desempeñar un papel crucial en el monitoreo de las cárceles, la elaboración de propuestas de soluciones, la sensibilización del público, el apoyo a los reclusos y sus familias y la incidencia política», afirmó Gómez Escudero.

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